domingo, 8 de abril de 2012

El PER (hoy PFEA); leyenda urbana, realidad y soluciones

     El conocido como PER (Plan de Empleo Rural) se estableció en España bajo el gobierno de Felipe González y fue un plan de subsidios destinados a los jornaleros de las comunidades de Andalucía y Extremadura. Desde 1996 se llama Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y se aplica en seis comunidades más -aunque ciertamente las dos primeras casi monopolizan las ayudas-.

     Es evidente, para cualquiera que conozca la realidad de Andalucía, que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y especialmente a evitar la despoblación de los pueblos dedicados tradicionalmente a la agricultura.

     En 2008 se dedicaron a este concepto 200 millones de euros; otros sectores como la banca con 50.000 millones dedicados o incluso el sector del automóvil, con ayudas de 5200 millones de euros nos permiten situar la cantidad empleada en este concepto en su justo término, es decir, un importe considerable pero mínimo en comparación con el coste que suponen otros ámbitos de actividad al erario público.

     No comparto la crítica al PER (PFEA) en cuanto a su concepto, estimo que si no existiera habría que implementar algún instrumento similar que teniendo en cuenta las circunstancias particulares del campo andaluz y extremeño permitiera su supervivencia; las especialidades del medio agrario en Andalucía y Extremadura son obviamente el latifundismo y la falta de nivel formativo de la población junto con la ausencia de alternativas ocupacionales en otros sectores de actividad.

    Están desde luego fuera de lugar las críticas realizadas desde otras comunidades acusando de holgazanería a quienes perciben estas ayudas, en un ejercicio lamentable de demagogia; es de común conocimiento lo reducido de las mismas y que éstas ni siquiera alcanzan un salario de supervivencia; hay que vivir esa realidad de manera directa para tomar conciencia de que la mayoría de las veces simplemente palian una situación económica familiar casi desesperada.

     Ocurre sin embargo que partiendo de un concepto plausible y solidario se llega a una situación indeseada: es innegable que se ha utilizado como instrumento político de control del sufragio, el voto cautivo; se ha manipulado el subsidio de tal modo que se ha identificado su implantación con el mérito por parte de una determinada opción política, y el miedo a su supresión, hábilmente manejada en un entorno de bajo nivel cultural y antecedentes políticos seculares nada favorables ha llevado a que los perceptores del PER solo se planteen su voto en una determinada dirección.

     Junto a lo anterior, existe un nivel insoportable de fraude muchas veces propiciado desde la propia administración local fomentando el anteriormente referido voto cautivo y situaciones injustas; es bien sabido que aunque el subsidio no supone más que una mínima ayuda, en el momento en que la cobran varios miembros de la unidad familiar se transforma en un indeseado modo de ganarse la vida sin esfuerzo. Igualmente es de general conocimiento que una inmensa mayoría de los perceptores en realidad no han llegado a trabajar ni un solo día porque existe un tráfico ilegal de peonadas que se firman por parte del empresario agrícola sin haber sido realmente realizadas.

     Por tanto, la solución no es la eliminación del PER, sino por una parte realizar un esfuerzo de comunicación respecto a su planteamiento de futuro, centrándose en hacer entender su mantenimiento dentro de unos límites razonables y mientras resulte preciso por las actuales circunstancias, así como los planes para su eliminación progresiva sobre la base de una economía alternativa, bien mediante el fomento de otros sectores, o a través de reformas no traumáticas en el sector agrario. Del mismo modo, una actuación estricta contra el fraude, de modo que únicamente lo perciban quienes de verdad cumplan los requisitos y lo necesiten por su precaria situación económica, desterrando para siempre la práctica consentida de la compra de peonadas o la falta de trabajadores locales cuando hacen falta jornaleros para la recogida de la fresa o de la zanahoria.

     Ya tiene tarea pues el ministro Arias Cañete y sus colaboradores, comunicación y lucha contra el fraude, si les dejan.



     

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